¿QUÉ JUSTICIA ES ÉSTA DESPUÉS DE 30 AÑOS DE DEMOCRACIA?

Félix Población
El secuestro y muerte de una pequeña niña de Huelva, víctima de quien no debería haber tenido la oportunidad de cometer ese delito si la justicia hubiese funcionado como cabría esperar de un Estado de Derecho, ha servido para evaluar hasta qué punto de gravedad ese pilar, clave en la solidez y desarrollo de cualquier régimen democrático que se precie, se encuentra colapsado.

Que casi trescientas mil sentencias de los juzgados penales estén pendientes de ser ejecutadas denota no sólo una negligencia, falta de diligencia, incapacidad y/o falta de medios para tales tramitaciones propias de un país tercermundista, sino la prolongada acumulación de una grave irresponsabilidad por desasistencia e ineptitud de cuantos gobiernos de uno u otro signo se han sucedido hasta ahora en el transcurso de los últimos treinta años.

Como en el caso de la pequeña Mari Luz, cuyos familiares reclamaban una justicia justa en las manifestaciones que siguieron a la muerte de la niña, esa desmedida y bochornosa congestión burocrática, cuyo ingente volumen de incuria debería requerir de inmediato una urgente y expeditiva prioridad de resolución, no afecta a la ciudadanía en la mera tramitación de instancias, oficios, formularios y demás papeleos propios de la Administración.

No se dilucidan aquí rentas, impuestos, tasas, capitales y demás diligencias atinentes a nuestros derechos y deberes como contribuyentes. Están en juego, según han podido comprobar y sufrir los padres y familiares de la niña onubense, la integridad y la vida de los ciudadanos, a las que la Justicia debe preservar con el máximo celo y la mayor presteza.

Ya que el señor Presidente del Gobierno y su acérrima doña María Teresa ponen tanto énfasis y severa enunciación cuando aluden a ese continuado y sangrante goteo de muertes ocasionadas por la violencia machista, como si en evitarlo cifraran la meta preferente de sus objetivos, es de considerar que entre las casi trescientas mil sentencias pendientes de ejecución, miles de ellas concurren en la preservación y evitación de esa lacra delictiva, tan infaustamente acelerada y presente en las páginas de nuestra actualidad.

Ninguno de los gobiernos anteriores en los últimos tres decenios, con los correspondientes y sucesivos ministros a la cabeza, ni los altos organismos de Justicia -tan dados por otra parte a politizarla según sus ideas, creencias e intereses-, han sabido, podido o simplemente evitado tan dilatado y descomunal fiasco, del que deberían sentirse justamente avergonzados. De lo que haga ZP para enmendarlo en lo posible a lo largo de la actual legislatura, puesto que a él le ha tocado comprobar su voluminosa tara, dependerá en buena medida la valoración de su segundo mandato. No en vano lo que está en juego, además de la vida de los ciudadanos, es la propia vitalidad de la democracia.